Por Pamela Padilla y Andrés Ospina
Firmada en 1992, como un tratado internacional, la Convención Biológica de Diversidad (CDB), estableció como uno de sus objetivos que se debería proteger el 10% de las regiones ecológicas, incluyendo las marinas, a nivel mundial. Los países firmantes, entre ellos Chile, se comprometieron a conservar la biodiversidad, a usar sosteniblemente los recursos naturales y al intercambio y acceso abierto a los recursos genéticos y los beneficios que estos puedan otorgar (http://www.fao.org/genetic-resources/es/).
La firma de este tratado, impulsó la creación de decenas de Áreas Marinas Protegidas (AMP) a nivel mundial, las cuales no han parado de aumentar en número y extensión desde esta fecha. Las AMPs son lugares muy especiales en los cuales se pretende conservar la integridad del ecosistema presente, ya sea por un uso sustentable de sus recursos o mediante la exclusión completa de la actividad humana.
Y aunque su función y propósitos son admirables, la realidad es que muchas de estas áreas protegidas no han funcionado muy bien. Algunas de ellas, creadas únicamente como compromiso de los gobiernos firmantes para cumplir con los tratados internacionales, no han pasado de ser mas que “parques en papeles”, es decir, están protegidas legalmente en el papel, pero las actividades llevadas a cabo para conservar la biodiversidad no son realmente efectivas. Una de las principales razones por las cuales un área protegida solo queda en el papel, es que su designación legal es tan solo uno de los pasos iniciales, pero después tiene que existir una financiación que asegure las actividades de protección y conservación que allí se vayan a realizar.
Según un estudio del 2013, aparecido en la revista PNAS, Chile ocupa el noveno puesto entre los países que destina menos recursos financieros para la conservación de la biodiversidad. Situación preocupante si se tiene en cuenta que la biodiversidad chilena se encuentra entre las más amenazadas del planeta. Una gran responsabilidad de esta problemática recae en los gobiernos, los cuales deberían integrar en los planes de manejo de las áreas protegidas un plan de financiamiento adecuado para que estas cumplan sus objetivos.
Por ejemplo, se estima que el costo para mantener el área protegida Lafken Mapu Lahual en el sur de Chile (40°37´S – 40° 48´S) es de unos US$ 343.620 anuales, los cuales cubrirían los gastos asociados a administración, vigilancia y reforzamiento. Lafken Mapu Lahual abarca 32 km de costa expuesta y dentro de sus límites se pueden encontrar valiosas especies tales como el delfín austral, lobo marino de un pelo, el chungungo, ballena jorobada y la ballena azul. Sin embargo, los fondos gubernamentales no son suficientes para conservar estos maravillosos tesoros y, sin ánimo de exculpar a los entes gubernamentales, es necesario buscar vías de presupuesto alternativas.
En este contexto el Dr. Stefan Gelcich y colaboradores, evaluaron la posible contribución financiera que podrían tener las tarifas de ingreso al área protegida Lafken Mapu Lahual. Concretamente, los investigadores quisieron evaluar entre los turistas la “buena disposición a pagar” (WTP, por sus siglas en inglés “Willingness to Pay”).
El estudio, realizado mediante encuestas a 604 visitantes elegidos al azar, planteó la posibilidad de una tasa de entrada a la AMP si se llevarán a cabo ciertas modificaciones en los servicios ambientales que estuvieran destinados a conservar la biodiversidad, como por ejemplo: la implementación de programas recreativos, la implementación de un programa específico de conservación de mamíferos marinos y la implementación de un programa de educación ambiental.
Se explicó a los turistas cómo estas modificaciones mejorarían el funcionamiento del AMP, pero que para implementarlas se necesitaría un determinado presupuesto y que una manera de obtenerlo podría ser mediante una tarifa de entrada. Tras saber su opinión sobre pagar o no esta tarifa, se hicieron preguntas para realizar un perfil socio-demográfico de cada turista que visitaba la AMP y si este se relacionaba con la disposición a pagar más, menos o no pagar por visitar la AMP.
De los encuestados, más de la mitad vivía a menos de 300 km de Lafken Mapu Lahual, y sólo un 2% eran extranjeros. El ingreso promedio de los encuestados era de US$1084, y un 68% tenía título universitario. Ésta última cifra es importante, ya que a nivel nacional el porcentaje de personas con un grado universitario es de un 16%. De aquí podemos inferir que el tener un cierto grado de educación, podría ser un factor que influya en la preocupación por el medio ambiente.
Del total de los turistas, más de la mitad (65%) preferían pasar el día en la playa y tomar el sol en vez de una experiencia de contemplación del entorno natural. En general, todos conocían de la existencia de las AMPs, pero no se manifestaban conscientes de los beneficios ecológicos que éstas otorgaban. Los turistas que preferían la contemplación de la naturaleza estaban dispuestos a pagar más por la entrada al AMP e igualmente manifestaban mayor sensibilidad a los lugares llenos de gente, en comparación con los turistas de playa y sol.
Los turistas con estudios de educación superior y los turistas con alta sensibilidad a los lugares llenos de gente manifestaron una buena disposición a pagar más por una entrada a la AMP. Sin embargo, aquellos que expresamente manifestaron desconocer los beneficios de las AMP’s se mostraban menos dispuestos a pagar una tasa de entrada.
A la luz de los resultados de esta investigación, se podría afirmar que la facilidad de acceso a la información y a una buena educación se relacionan con una valoración positiva y una buena disposición a pagar una tarifa por entrar a una AMP. Los usuarios informados valoran la biodiversidad por sí misma, sin esperar que las áreas marinas protegidas se parezcan a resorts de playa y sol, con facilidades de acceso, comercios e infraestructuras, que podrían ir en contra de los planes de manejo, poniendo en peligro el fin último de estas áreas: conservar la biodiversidad en un entorno natural.
No obstante, en el mejor de los casos, es decir con el flujo adecuado de turistas dispuestos a pagar una tarifa de entrada razonable, la cantidad de dinero recaudado no alcanzaría para todos los gastos necesarios del AMP, apenas cubriendo un 10%-13% de éstos. Y si bien fuera suficiente, los expertos sugieren que es muy importante tener otras fuentes de ingreso, ya que en caso de cualquier problema que ocasionara que la recaudación por tarifas de entrada falle, el área protegida no podría seguir funcionando.
En conclusión, aunque la recaudación por tarifas de entrada a las áreas marinas protegidas puede contribuir a su financiación, siguen siendo necesarias fuentes alternativas de ingreso. Evaluar cuáles podrían ser estas fuentes puede ser el siguiente reto para el Dr. Gelcich y su equipo de investigación u otros científicos nacionales e internacionales. Adicionalmente, este estudio hace patente la importancia que tiene la educación ambiental a todos los niveles, desde el básico hasta el universitario. Igualmente, es necesario que exista información ambiental de calidad y fácil acceso a la población, de amplia difusión en los medios masivos de comunicación y acorde con la realidad del país y que tenga como objetivo explicar la importancia de la protección de la biodiversidad. Pareciera que el primer reto para proteger la biodiversidad es acabar con la desigualdad en la educación. Educar es conservar.
Fuente: Gelcich, S., F. Amar, A. Valdebenito, J. C. Castilla, M. Fernández, C. Godoy, and D. Biggs. 2013. Financing Marine Protected Areas Through Visitor Fees: Insights from Tourists Willingness to Pay in Chile. AMBIO 42:975–984. http://dx.doi.org/10.1007/s13280-013-0453-z